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El PIN 24 horas de la Agencia Tributaria

cartel_pin_24h_es_esDesde el pasado 1 de enero de 2014 está en funcionamiento el llamado PIN 24 horas de la Agencia Tributaria que sirve para poder presentar declaraciones fiscales y realizar otros trámites por internet sin necesidad de tener certificado digital.

Con esto se pretende simplificar la utilización de los medios telemáticos para hacerlo más accesible a las contribuyentes, sobre todo ahora que se han ampliado los supuestos en lo que es obligatoria la presentación telemática de declaraciones para autónomos.

Voy a explicar brevemente en este artículo sus características principales, cómo obtenerlo y en qué casos se puede utilizar.

Podría decirse que El “PIN 24 horas” es una especie de certificado digital de duración limitada (realmente un sistema de firma no avanzada con clave de acceso). Su duración es aproximadamente de 24 horas de ahí su nombre, aunque realmente caduca a las 2 de la mañana del día siguiente a su solicitud. De este modo, si queremos presentar una declaración tributaria solicitaremos un PIN 24H y durante el tiempo que lo tengamos activado podremos enviar nuestras declaraciones con la misma validez que si utilizáramos un certificado digital de firma avanzada. Una vez transcurrido su plazo de validez, dejará de estar activo y ya no podrá volver a utilizarse. Si quisiéramos presentar más declaraciones deberíamos solicitar uno nuevo.

En cuanto a su utilización, en la página web de la agencia tributaria se ha habilitado un botón de acceso a los servicios del PIN 24H, desde donde podremos realizar todas las gestiones relativas al mismo.

REGISTRO.

Para poder utilizar este sistema es necesario que previamente nos hayamos registrado en la Agencia Tributaria. El registro se realiza una sola vez y una vez hecho estaremos habilitados para solicitar los códigos PIN 24H siempre que los necesitemos.

Hay tres formas de registrarse: La primera es acudiendo en persona a cualquier oficina de la Agencia Tributaria; la segunda, para el caso de que tengamos certificado digital, sería acceder con el mismo al apartado habilitado en la propia web de la Agencia para realizar el registro: Registro, renuncia y modificación de datos con certificado. Y por último, si no disponemos de certificado digital ni queremos desplazarnos a ninguna oficina de la Agencia Tributaria, podemos registrarnos introduciendo un código seguro de verificación que podemos solicitar que nos remitan por correo ordinario a nuestro domicilio mediante una carta de invitación de la Agencia Tributaria y una vez que tengamos ese código CSV, accederemos a la opción Registro con código seguro de verificación de la página web, donde durante el proceso de registro nos lo solicitarán.

En el registro deberemos comunicar un número de teléfono móvil puesto que será necesario para obtener posteriormente los códigos PIN.

OBTENCIÓN DEL PIN 24H.

Una vez que nos hemos registrado, ya podremos solicitar un PIN cuando necesitemos presentar una declaración o realizar algún otro trámite de los que se puedan realizar con el mismo, que se prevé que con el tiempo se vayan aumentando.

Para solicitar el PIN 24H debemos entrar en la pagina web de la Agencia Tributaria, pincharemos en el apartado habilitado al efecto: “Obtención del PIN“, donde nos pedirán que introduzcamos nuestro DNI, fecha de caducidad del DNI y pondremos una clave de acceso de cuatro caracteres que nosotros elijamos. Validaremos estos datos y la Agencia Tributaria nos enviará un PIN al teléfono móvil que pusimos cuando hicimos el registro. De este modo el código de acceso para enviar la declaración estará formado por nuestra clave de 4 caracteres más el PIN que nos ha enviado la Agencia Tributaria al móvil.

De momento su utilización está limitada exclusivamente a las personas físicas. Las sociedades no pueden utilizar este sistema de presentación de declaraciones.

Otra característica importante a reseñar es que el PIN 24 horas no es incompatible con tener un certificado digital, podemos tener ambos y utilizarlos según nuestras necesidades en cada caso, un ejemplo es que el PIN 24H goza de la ventaja de poder utilizarse no sólo en ordenadores sino también con tablets y smartphones, con lo que según el lugar en que nos encontremos o nuestra disponibilidad podremos utilizarlo si no disponemos de acceso a nuestro certificado digital. Mi consejo en cualquier caso sería el de tener ambas opciones disponibles.

Aquí dejo enlaces a los folletos informativos que la propia Agencia Tributaria ha puesto en su página web detallando el funcionamiento de este sistema que creo que no tardará en extenderse tanto en su uso como en el de los trámites que se van a poder realizar con el mismo. De momento pasará su primer examen importante con la próxima campaña de declaración de la renta. Estaremos atentos a las estadísticas para ver si realmente obtiene los resultados esperados.

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Rectificación de errores en las declaraciones de Renta presentadas. Declaraciones complementarias.

Hoy voy a comentar cómo debemos actuar en el caso de que hayamos presentado una declaración de la renta y con posterioridad comprobamos que se ha producido un error y por tanto es necesario rectificarla.

Los motivos pueden ser muy variados: se ha rellenado mal el impreso de la declaración produciéndose un error en alguna cifra, se ha incluido indebidamente o bien se ha omitido un dato en la declaración, así como cualquier otra circunstancia que ha provocado que la declaración presentada ofrece un resultado erróneo y lo hemos detectado antes de que lo haya hecho la Agencia Tributaria.

Existen mecanismos para corregir esos errores, pero van a ser distintos en función de si con la declaración presentada se ha producido un perjuicio para la Administración o bien el perjuicio ha sido para el declarante.

A) Casos en los que con la declaración presentada ha resultado perjudicada la Administración.

Si el error en la declaración ha hecho que ingresemos una cifra menor de la que correspondía o bien que la cantidad cuya devolución hemos solicitado sea mayor de la que realmente correspondía devolver, o incluso que hayamos solicitado una devolución cuando la declaración debía haber sido a ingresar, en todos estos casos el modo de corregirlo es presentar una declaración complementaria corrigiendo ese error. 

En la página 2 del modelo de declaración (100) viene un apartado específico para las declaraciones complementarias en las que habrá que marcar la casilla correspondiente a nuestro caso particular.

Si como consecuencia de esta declaración complementaria resultara una cantidad a pagar, habría que realizar el ingreso correspondiente. En caso de que supusiera un menor importe de la devolución anteriormente solicitada, si la Agencia Tributaria ya hubiera realizado la devolución, habría que devolver el exceso cobrado haciendo el ingreso a favor de la Agencia Tributar y si por contra aún estuviera pendiente la devolución, habría que marcar la casilla correspondiente en el modelo de la declaración (en el año 2012 es la casilla 123) y esperar a que se produzca la devolución por parte de la Administración de la cantidad correcta rectificada.

B) Casos en los que con la declaración presentada el perjudicado ha resultado ser el propio declarante.

Se trata de aquellos supuestos en los que resulta a pagar una cantidad inferior a la que se ha ingresado y también los casos en los que corresponda una devolución mayor a la solicitada: bien porque no se ha aplicado una deducción que correspondía, bien porque se ha omitido incluir algún gasto deducible o simplemente porque se ha producido un simple error a la hora de incluir una cifra indebida en la declaración.

En todos estos casos no habrá que presentar ninguna declaración complementaria. Lo que hay que hacer es presentar un escrito dirigido a la Agencia Tributaria solicitando la rectificación de la declaración. Con esta solicitud se inicia un procedimiento de gestión para la rectificación de la autoliquidación que viene regulado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria y en los artículos 126 y siguientes del Real Decreto 1065/2007 por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Una vez que la Administración ha estudiado nuestra solicitud, incluso aportando la documentación que sea precisa, se redactará una propuesta de liquidación y se ofrecerá un plazo para hacer alegaciones. Finalmente el procedimiento debe finalizar con una resolución estimando o no nuestra solicitud. Si se estima, aunque sea parcialmente y se ha modificado la cuantía de la deuda (ya sea a ingresar o a devolver), la resolución irá acompañada de una liquidación provisional.

Podría darse el caso de que la Administración no notificara expresamente  ninguna resolución. En este caso transcurridos seis meses desde que se presentó la solicitud de rectificación, podrá entenderse que la misma se ha desestimado.

Es importante reseñar que si en último término resultara una cantidad a devolver por parte de la Administración, ésta deberá abonar además de la cantidad principal, los intereses de demora que en su caso pudieran corresponder. Esto último sucederá si han transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria. El cómputo de ese plazo de seis meses comenzará desde la finalización del plazo para presentar la declaración (que por ejemplo en el caso de la renta de 2012 es el 1 de julio de 2013) o si éste ya hubiera transcurrido, desde la presentación de la solicitud de rectificación.

Hay un supuesto en el que no será posible instar la rectificación y es cuando previamente la Administración ha iniciado un procedimiento de comprobación o investigación que incluyera la obligación tributaria cuya rectificación queremos instar, puesto que en ese caso la posible rectificación que se tuviera que producir se dirimiría dentro de ese procedimiento abierto. Por el mismo motivo, si después de presentar nosotros nuestra solicitud la Administración iniciara un procedimiento de comprobación o investigación que incluyera esa obligación tributaria, el procedimiento de rectificación finalizaría con la comunicación del inicio del otro procedimiento.

Por lo tanto, a  modo de resumen, si queremos que se rectifique una declaración de renta ya presentada habrá que distinguir si con la declaración inicial que presentamos se produjo un perjuicio para la Administración o para el contribuyente. En el primer caso tendremos que presentar una declaración complementaria y en el segundo tendremos que instar por escrito un procedimiento de rectificación ante la Administración tributaria.

Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

Notificaciones de la Agencia Tributaria en vacaciones

Como ya es sabido, y a estas alturas sería preocupante que aún hubiera sociedades que no lo supieran, todas las sociedades mercantiles vienen obligadas desde hace un año a recibir la totalidad de las notificaciones que practique la Agencia Tributaria por vía telemática. Ya no se realizarán notificaciones por correo ordinario.

Este sistema de notificaciones que agiliza mucho la comunicación entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes, entraña el inconveniente de tener que estar muy atentos a nuestro buzón de correo para comprobar regularmente si se han recibido notificaciones.

Si a los diez días de habernos dejado una notificación, no la abrimos, la consecuencia será que se nos dará por notificados a todos los efectos.

La Orden EHA/3552/2011 de 19 de diciembre viene a resolver un problema práctico que se había creado en perjuicio de las sociedades y profesionales y era el de las notificaciones en periodos vacacionales, puesto que cualquier día del año se podían recibir notificaciones y como para poder abrirlas es preciso hacerlo desde un ordenador donde dispongamos de certificado digital, esto causaba problemas de organización sobre todo a las pequeñas empresas y despachos profesionales.

Esta Orden desarrolla la previsión que instauró el Real Decreto 1615/2011 que modifica el también Real Decreto 1363/2010, de tal modo que ahora es posible comunicar hasta un total de 30 días por año durante los cuales no recibiremos ninguna notificación de la Agencia Tributaria.

Basta tan sólo con acceder con nuestro propio certificado digital a la página que la Agencia ha creado al efecto dentro de la sede electrónica y seleccionar los días que deseemos no recibir notificaciones. Sin certificado digital no será posible acceder.

Esta es la página desde donde poder realizar este trámite y seleccionar los días que queramos marcar:

www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.itti.percor.CalAccio?pAccion=accConsulta

No es necesario que los treinta días sean consecutivos, se pueden partir a conveniencia nuestra y además es posible modificarlos con posterioridad, si bien se nos advierte que la solicitud debe hacerse al menos con una antelación de siete días naturales al primer día en que vaya a surtir efecto, es decir, no solicitemos hoy que mañana ya no queremos recibir notificaciones puesto que no será efectivo.

Hay que tener en cuenta un par de cuestiones importantes, la primera es que esto no convierte a estos días en inhábiles. Si hemos recibido una notificación con anterioridad a estos días señalados y comienza el cómputo de un plazo, esos días no se descontarán del cómputo, puesto que a todos los efectos son hábiles. La única consecuencia es, por tanto, que durante esos días no recibiremos notificaciones.

La segunda es que se ha establecido que el retraso en una notificación por parte de la Agencia motivado por el señalamiento de estos días se entenderá que es una dilación no imputable a la Administración.

Por tanto recomiendo a las empresas que estudien qué días les resultarán más convenientes fijar para no recibir notificaciones y que hagan uso de esta facultad para evitar recibir notificaciones en fechas en las que el personal encargado de controlar estas cuestiones no se encuentre operativo. Esto evitará muchas incomodidades.

Como consejo, teniendo en cuenta que desde que nos dejan una notificación en nuestro buzón tenemos un plazo de diez días para abrirla, yo no fijaría como días para no recibir notificaciones justo aquellos en los que previsiblemente estemos fuera, sino que comenzaría a marcar al menos cinco días antes, de modo que si nos notifican por ejemplo un plazo para efectuar alegaciones, atender un requerimiento o interponer un recurso, tengamos tiempo suficiente para cumplirlo sin que nos afecte a los días que teníamos previsto iniciar nuestras vacaciones.

E igualmente, si la empresa tiene una asesoría o un despacho profesional que se encarga de estas cuestiones, sería aconsejable que adecuaran esos días a los mismos que tenga su asesor.

Aquí dejo el enlace a la Normativa:

Orden EHA/3552/2011 de 19 de diciembre de 2011

Real Decreto 1363/2010 de 29 de octubre de 2010

Real Decreto 1615/2011 de 14 de noviembre de 2011

Notificaciones electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria

Recientemente ha entrado en vigor una normativa que a mi entender va a suponer una auténtica revolución en la relación de los contribuyentes con la Agencia Tributaria, me refiero al Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Esta normativa de gran importancia, ha entrado ya en vigor (desde el 1 de enero de 2.011) sin que probablemente muchas de las personas a las que les afecta tengan conocimiento de su existencia.

Para resumir diremos que a partir de ahora las notificaciones que la Agencia Tributaria tenga que realizar a una serie de personas y entidades entre las que se encuentran todas las Sociedades Limitadas y Anónimas, ya no se recibirán por correo ordinario, sino que únicamente se enviarán por vía telemática a través de internet.

Y cuando digo notificaciones de la Agencia Tributaria, me refiero a supuestos tales como inicio de expedientes sancionadores, providencias de apremio, embargos, resoluciones de recursos, requerimientos, etc (aunque existen algunas excepciones).

La Agencia Tributaria ha puesto en su página web información detallada explicando en qué consiste este sistema, en la que se incluyen vídeos demostrativos de su funcionamiento. Aquí dejo el enlace a esta página de la Agencia Tributaria para quien quiera profundizar en este tema.

Lo primero debería ser explicar a quién afecta esta normativa:

El artículo 4 del citado Real Decreto es el que detalla qué personas y entidades están obligadas a utilizar este sistema para recibir notificaciones.

En resumen están obligadas todas las sociedades y entidades cuyos CIF comiencen por las siguientes letras: A, B, N, W, U y V. Además de las anteriores y con independencia de su forma jurídica (incluso personas físicas), todas aquellas en las que concurra cualquiera de estas circunstancias.

–          Estar inscritas en el Registro de Grandes Empresas

–          Contribuyentes que tributen por el régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades

–          Contribuyentes que tributen en el régimen especial de Grupo de Entidades de IVA

–          Contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA, y

–          Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos.

El funcionamiento, a falta de ver cómo resulta en la práctica, será el siguiente: la Agencia Tributaria no va a mandar las notificaciones a una dirección de correo electrónico nuestra, como podría pensarse en un principio, sino que las dejará en la denominada “Dirección Electrónica Habilitada (D.E.H.)”.

Esta D.E.H. es una especie de “buzón electrónico” que no es de uso exclusivo de la Agencia Tributaria. Otros Organismos como por ejemplo la Dirección General de Tráfico y algunos Ministerios y Ayuntamientos utilizan también esta sede electrónica para realizar notificaciones en diversos procedimientos administrativos.

A esta D.E.H. se accederá a través de la siguiente página web (también podremos acceder a través de la sede electrónica de la página de la Agencia Tributaria. Para hacer un símil, la notificación en la página de la D.E.H. es como si nos la entregaran en Correos y la de la página de la Agencia Tributaria es como si acudiéramos a la propia Agencia a recoger la notificación. En ambos casos el efecto es el mismo. Lo importante es saber que a partir de ahora sólo se recibirán las notificaciones en estos dos lugares, puesto que ya no se mandarán al domicilio físico.

El primer requisito imprescindible si cualquiera de los afectados quiere ver las notificaciones a partir de ahora es que necesitan obtener y tener instalado un certificado digital en el ordenador (aunque también será válido el DNI electrónico en caso de personas físicas).

Las notificaciones se producirán del siguiente modo: la Agencia tributaria dejará en la D.E.H. una notificación (por ejemplo una providencia de apremio). Desde que se deja esa notificación, tendremos diez días para abrirlo y ver su contenido y aquí vienen las consecuencias: si transcurridos esos diez días no abrimos ese correo, se entenderá que la notificación se ha producido y comenzarán a correr los correspondientes plazos (por ejemplo para recurrir una providencia de apremio).

Como vemos, el sistema es mucho más restrictivo que el anterior. Hasta ahora el cartero entregaba en mano la notificación en el domicilio; Si no se encontraba al interesado, se dejaba aviso de recogida en las oficinas de correos; Finalmente, si estos intentos resultaban fallidos, se realizaba la notificación por edictos. A partir de ahora, todo esto desaparece: se pondrán las notificaciones en internet en la D.E.H. y si pasados diez días no se abriera, se entenderá notificada sin más trámites.

Nos ofrecen la posibilidad en la página de la D.E.H. de que pongamos voluntariamente un correo electrónico propio en el que nos avisen si nos llega una notificación, pero este correo no es vinculante.

Esto va a provocar que necesariamente como mínimo cada diez días habrá que entrar en nuestro buzón de la D.E.H. para comprobar si tenemos notificaciones. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que prescriba algún plazo, con la gravedad que ello supone.

El momento en que se entenderá recogida una notificación será el instante en el que la abramos, para lo cual deberemos utilizar el certificado, generándose una firma digital que quedará registrada con la fecha y hora en que se abre. Y como he dicho, si no la abrimos en el plazo de diez días, en ese instante se entenderá que se ha producido la notificación del acto de que se trate.

Esta norma ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2011, sin embargo no afectará directamente a cada uno de los obligados hasta que no se les haya notificado individualmente y de modo fehaciente que han sido incluidos en este sistema. Es decir, que si su sociedad no ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria al respecto, de momento no estará incluida en el mismo.

Esto, a mi entender, va a generar numerosos problemas. En principio está previsto que a lo largo de estos meses comiencen a enviarse las notificaciones de inclusión en el sistema a todos los afectados, con lo que debemos estar muy atentos a recibir próximamente una carta con acuse de recibo de la Agencia Tributaria (puesto que debe ser fehaciente). Este hecho me permite aventurar que con total probabilidad va a haber muchas sociedades que van a estar incluidas en el sistema sin saberlo: notificaciones en domicilios en los que no haya nadie, fallos en las notificaciones por el servicio de Correos, o mil incidencias posibles. En todos estos casos, en principio el servicio de Correos dejará avisos, que anticipo que muchos de ellos no se recogerán y finalizarán con notificaciones por edictos. Y no nos olvidemos que a partir de entonces ya no habrá más notificaciones por correo ordinario.

A modo de reflexión diré que la utilización de las nuevas tecnologías está cambiando de un modo radical y en muchos aspectos para mejor nuestra forma de relacionarnos con la Administración: El acceso a la información o el ahorro de tiempo a la hora de realizar trámites, son claros ejemplos de ello, sin embargo, hay que tener en cuenta que no vivimos en un mundo ideal, sino en uno bastante real y en éste existen muchas deficiencias como para poner en marcha un sistema como éste de modo obligatorio y que va a obligar a todos los afectados (como por ejemplo todas las PYMES que tengan la forma de Sociedad Limitada) a disponer no ya sólo de equipos informáticos y conexión a internet, sino también certificados digitales que en la actualidad la gran mayoría no disponen de él.

Se genera la necesidad de acceder al menos una vez cada diez días al buzón electrónico que se crea al efecto, trasladando ahora al obligado la acción para recibir una notificación, con consecuencias muy graves si no lo hace (prescripción de acciones incluidas) y además habrá que hacerlo durante todo el año, también en periodos vacacionales, puesto que recordemos que salvo domingos y festivos, el resto de días del año son hábiles para la Administración Tributaria, con el agravante de que no podremos acceder a nuestro buzón desde cualquier ordenador, puesto que sólo se podrá hacer desde uno en el que tengamos instalado nuestro certificado digital.

Existe la posibilidad de apoderar a otras personas, que en la práctica serán en la mayoría de los casos los profesionales, para que reciban también las notificaciones. Esto sin duda será bastante habitual y salvará muchas situaciones que de otro modo no podrían solucionarse, aunque también intuyo que será foco de posibles conflictos y responsabilidades civiles en la relación entre los profesionales y los clientes.

Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrolla en la práctica este novedoso sistema que agilizará muchos procedimientos, pero causará sin duda problemas en muchos otros.