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Aprobados los modelos para el pago de las tasas judiciales

Ahora sí que se puede decir que ya están aquí las tasas judiciales. Hoy día 17 de diciembre de 2012 se han publicado en el BOE los modelos para presentar las liquidaciones de estas polémicas tasas. Figuran en la Orden 2662/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan los modelos 696 de autoliquidación y 695 de solicitud de devolución.

Esto significa que en la práctica desde el día de hoy ya se debe presentar el modelo 696 y por tanto va a ser plenamente exigible el pago de la tasa judicial para la presentación de las demandas judiciales y los demás escritos para los que es preceptiva.

A pesar de que el día 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012 que exigía el pago de estas tasas, lo cierto es que en la práctica no ha sido posible su aplicación puesto que sorprendentemente el Ministerio de Hacienda no tenía preparados los modelos que se deben cumplimentar, lo que ha provocado  inseguridad jurídica y bastante desconcierto.

Si recordamos, una de las consecuencias de la no presentación del pago de la tasa judicial es que no se daría curso por parte del secretario judicial al escrito que no llevara adjunto el justificante de su pago. Con buen criterio no se ha paralizado la administración de justicia por la no aportación de unos justificantes que resultaba de todo punto imposible presentar dada su inexistencia.

En cualquier caso ahora ya no hay excusa puesto que esta Orden da forma a la exigencia legal de desarrollar por parte del Ministerio de Hacienda los modelos precisos para su cumplimiento.

Vamos a explicar un poco en qué consisten estos modelos y cómo hay que presentarlos.

En primer término está el Modelo 696: “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación”.

Este modelo únicamente se puede obtener por internet, no se podrá adquirir físicamente en estancos ni ningún otro establecimiento.

En la página de la Agencia Tributaria ya está disponible el formulario de este modelo para poder descargar. Este es el enlace:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtml

Hay que distinguir dos supuestos:

1º.- Que el obligado sea una Sociedad Anónima o Limitada: En estos casos únicamente se podrá presentar la tasa telemáticamente. Por lo tanto, las sociedades deberán necesariamente acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria para cumplimentar el modelo, obtener el código NRC justificante del pago de la tasa y posteriormente enviar la declaración telemáticamente.

2º.- Que el obligado sea una persona física o cualquier otra entidad distinta de las sociedades anónimas o limitadas. A todos estos contribuyentes se les permite presentar la declaración bien telemáticamente, como hemos explicado en el caso anterior o bien descargando el formulario desde la página web de la Agencia Tributaria para presentarlo en una entidad bancaria. El formulario se rellena directamente desde la propia página web, la cual generará tres copias para imprimir, que son las que habrá que llevar al banco.

Los justificantes son los que habrá que presentar junto con el documento procesal en el Juzgado.

El otro modelo aprobado es el 695 y es el que se utilizará para solicitar la devolución de parte de la tasa en los supuestos en los que esté así previsto por la ley, ya sea por solución judicial del conflicto o bien por acumulación de procesos. Respecto a este procedimiento de devolución es importante saber que se aplaza hasta el día 1 de abril de 2013 la entrada en vigor de las disposiciones referentes a este modelo.

Al igual que sucede con el modelo 696, también será necesaria la presentación vía telemática en los supuestos de sociedades anónimas o limitadas, permitiéndose la opción de presentarla en forma impresa en los demás casos.

Entradas relacionadas: Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

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Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la conocida como nueva Ley de tasas judiciales, cuyo enlace dejo aquí: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Desde este día para poder acceder a la justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y parcialmente en laboral, será condición inexcusable el pago de una tasa judicial.

La consecuencia es tajante: si no se acredita el pago de la tasa judicial no se dará curso a la demanda o al escrito procesal correspondiente. Es decir, que más allá de los propios efectos tributarios (la obligación de pago) la tasa despliega sus efectos directos en el ámbito procesal. De este modo la tasa se convierte en un elemento esencial para el acceso a la justicia. Sin su pago no se podrá ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dada la importancia del texto legal aprobado y la repercusión que va a tener en la práctica, con éste voy a iniciar una serie de artículos relativos a esta polémica ley para tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a aplicar y de qué modo va a afectar a la hora de acceder a los tribunales de justicia.

Dos elementos destacan por encima del resto en esta nueva ley: el primero es que la tasa afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hasta ahora, las únicas tasas judiciales que había previstas en nuestro ordenamiento jurídico afectaban exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo a partir de ahora cualquier ciudadano que pretenda interponer una demanda en los ámbitos fijados por la ley estará obligado al pago de la tasa. En principio únicamente quedarán exentos del pago aquellas personas a las que se les reconozca el beneficio de justicia gratuita.

Y el otro aspecto a destacar es su elevada cuantía, algo que sin duda va a servir de freno y en ocasiones y para determinadas personas se convertirá en una auténtica barrera infranqueable a la hora de acudir a los tribunales.

Respecto a la cuantía, para el cálculo de la misma hay que sumar dos partidas: una cuota fija que se ha establecido para cada tipo de procedimiento y otra cuota variable según su cuantía.

Aquí dejo un resumen de las mismas:

Como se observa, interponer una demanda civil de juicio verbal supondrá pagar 150 € de cuota fija; si el procedimiento es ordinario se eleva a 300 €; la interposición de un recurso de apelación serán 800 € de cuota fija y si se pretende acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, la cuota fija a pagar será de 1.200 € y así con cada uno de los procedimientos tal como se refleja en las tablas. Pero a esto debemos sumar en todo caso una cuota variable que será un porcentaje sobre la cuantía del proceso judicial: el 0,5% si la cuantía es hasta un millón de euros y el 0,25% sobre el exceso, con un tope máximo de 18.000 € de cuota variable.

Es decir, que por ejemplo para interponer un procedimiento civil ordinario por el que se reclamaran 5.000 €, habría que pagar 300 € de cuota fija más 25 € de cuota variable. Total 325 €. Si en este mismo supuesto no estuviéramos conformes con la Sentencia y quisiéramos recurrir en apelación, tendríamos que pagar una nueva tasa de 825 €.

Si entramos en asuntos de cuantías superiores, el importe de la tasa resulta demoledor. Por ejemplo, una reclamación de indemnización a una compañía aseguradora de 800.000 € por lesiones muy graves en un accidente de tráfico, supondría tener que pagar una tasa de 4.300 € para poder interponer la demanda. Si en este mismo asunto hubiera que recurrir en apelación, se pagaría una nueva tasa de 4.800 €. Es decir, que o se dispone de esa cantidad de dinero para abonar la tasa o no se podrá reclamar judicialmente un caso de tal envergadura.

Como vemos, la cuantía de la tasa va a variar mucho de unos procedimientos a otros, pero lo que resulta indudable es que no todo el mundo va a poder hacer frente al pago de determinadas tasas. No todo aquel que no tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita tiene capacidad económica para pagar tasas de semejantes cuantías.

En el preámbulo de la Ley se justifica la misma diciendo que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

En mi opinión sí que se quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en el que personas que no están exentas de pago no van a poder hacer frente por sus propios medios al pago de tasas tan elevadas y que por tanto no van a poder ejercer su derecho constitucional por falta de medios económicos. En cualquier caso habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto ante los recursos de inconstitucionalidad que ya se han anunciado desde distintos ámbitos que se van a interponer contra esta ley.

Como último apunte en este artículo, mencionar que en materia laboral la tasa se ha establecido únicamente para los recursos de suplicación (500 € de cuota fija aparte de la variable) y de casación (750 € de cuota fija más la variable). En estos casos, cuando el recurrente sea trabajador por cuenta ajena o propia tendrán una exención del 60% de la tasa.

El orden jurisdiccional penal queda excluido del ámbito de esta ley y por tanto no se exigirá tasa alguna para intervenir en procedimientos penales.

Como el tema es muy extenso para un analizarlo con profundidad en un sólo artículo, como he dicho anteriormente en los próximos días iré desglosando en otras entradas los distintos aspectos de esta Ley de tasas recientemente aprobada, quedando mientras tanto a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os surja.