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Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

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