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Nueva obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero. Modelo 720

Se ha publicado en el BOE la Orden HAP/72/2013 que aprueba el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Este modelo se ha aprobado como desarrollo de la nueva Disposición Adicional 18ª de la Ley General Tributaria que ha sido introducida en dicha Ley por la “Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude” y que se ha desarrollado reglamentariamente en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

De este modo se ha establecido una nueva obligación tributaria que consiste en la obligación de informar a la Agencia Tributaria sobre la titularidad de una serie de bienes y derechos que estén situados en el extranjero y que se une a la creciente petición de datos por parte de la Agencia Tributaria a los contribuyentes.

Hay que tener mucho cuidado con esta nueva declaración y con las obligaciones que en ella se establecen puesto que el régimen de sanciones que se ha previsto en caso de que no se aporte esta información es bastante duro.

Hay que declarar la titularidad de tres clases de bienes: Por un lado las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, por otro lado los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos también en el extranjero y por último los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

La obligación se ha establecido tanto para las personas físicas como para las jurídicas siempre que en ambos casos sean residentes en España. Por lo tanto el concepto de residencia es el que va a marcar la obligación de presentar esta declaración. Por ejemplo para el caso de las personas físicas se entiende por residente aquella persona que permanece más de 183 días durante el año en territorio español contando también las ausencias esporádicas o bien cuando radique en España el núcleo principal de sus actividades económicas e incluso existe una presunción de que una persona es residente si lo es su cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad que dependan de esa persona. De este modo cualquier persona, física o jurídica residente en España deberá presentar esta declaración si son poseedores de bienes en el extranjero.

Igualmente los establecimientos permanentes en España de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos regulados por la Ley también estarán obligadas.

Hay un límite cuantitativo por el cual quedan exentos de declaración una serie de bienes o derechos y este límite lo marca la cifra de 50.000 Euros. Para cada bloque de los tres que he indicado anteriormente, si no superan el valor de 50.000 € Euros no existirá la obligación de declararlos. En el caso por ejemplo de las cuentas corrientes, si los saldos a 31 de diciembre de todas las cuentas en el extranjero así como los saldos medios del último trimestre del año no superan conjuntamente esa cifra de 50.000 € no se deberán incluir en la declaración. Del mismo modo en el caso de los valores, derechos, etc. y así como también en el caso de los bienes inmuebles, si no superan a 31 de diciembre el valor de 50.000€ tampoco deben declararse.

El plazo para presentar este modelo correspondiente al ejercicio 2012 es del 1 de febrero al 30 de abril de 2013. Este es un plazo excepcional que se ha concedido por ser el primer año de la existencia de esta obligación y por las fechas en las que se ha aprobado la normativa correspondiente, pero a partir del ejercicio siguiente la declaración habrá que presentarla entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Sin embargo hay que tener en cuenta un dato importante: no existe obligación de presentar todos los años esta declaración salvo que se haya producido un incremento de valor de los bienes declarados en cada bloque por importe superior a 20.000 €. Es decir, si por ejemplo el saldo en el año 2012 de las cuentas en el extranjero de una persona física es de 60.000 € y el saldo el año siguiente ha aumentado hasta los 78.000 €, dado que el incremento no es superior a 20.000 € no existirá obligación de presentar de nuevo esta declaración. El incremento siempre va referido a la cantidad declarada en la última declaración presentada.

Este modelo 720 debe presentarse obligatoriamente por vía telemática. No se permite hacerlo en papel.

Pero como he comentado anteriormente, uno de los aspectos a los que hay que atender necesariamente son las consecuencias de no presentar esta declaración, puesto que tanto su falta de presentación como la presentación incompleta, inexacta o con datos falsos así como la presentación por medios no telemáticos supone en todo caso la comisión de infracciones calificadas como muy graves.

Las sanciones figuran reguladas en la Disposición Adicional 18ª de la Ley General Tributaria y son de gran cuantía. A título de ejemplo, por cada dato referido a una misma cuenta corriente que no se haya incluido en la declaración o bien se ha incluido de forma inexacta, incompleta o falsa, se establece una sanción de 5.000 € con un mínimo de 10.000 €. Lo mismo sucede con los datos no declarados o declarados inexactamente referidos a valores, derechos, seguros, rentas, etc. así como a los bienes inmuebles.

Por otro lado, si se presenta la declaración fuera de plazo antes de que la Agencia Tributaria requiera para su presentación, la sanción será de 100 € por cada dato o conjunto de datos referido a una misma cuenta, valor, derecho o inmueble no declarado o declarado incorrecta, inexacta o falsamente con un mínimo de 1.500 €.

Hay que tener en cuenta que estas sanciones van referidas únicamente a la no presentación o presentación incorrecta de esta declaración, por tanto si como consecuencia de esta declaración se demuestra la existencia de rentas no declaradas (por ejemplo en IRPF o en Impuesto de Sociedades), esto llevaría a su regularización con las consecuencias fijadas en la normativa correspondiente.

Por tanto se trata de una declaración informativa que ha entrado con fuerza en nuestro sistema tributario con unas consecuencias bastante graves en caso de su incumplimiento, pero que también va a exigir un esfuerzo por parte de la Administración para comprobación la veracidad o no así como la ocultación de los datos que deben incluirse en la misma.

Aquí dejo el enlace a la página de la Agencia Tributaria para la presentación de esta declaración.

Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.