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Apuntes sobre la nueva “Ley de emprendedores”

En pocos días va a entrar en vigor la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”, una normativa largamente esperada por la necesidad de crear un marco adecuado para fomentar la actividad emprendedora pero que como suele suceder en estos casos, ya hay muchas voces discordantes, la mayoría de ellas por considerar que no cubre las expectativas creadas.

En cualquier caso esta normativa va a introducir una serie de modificaciones muy novedosas en nuestro sistema que sólo el tiempo dirá si darán los frutos esperados.

A fecha de la redacción de este artículo ya conocemos el texto que a priori será aprobado tras las modificaciones introducidas en el Senado y cuyo enlace dejo aquí. *Actualización: texto de la Ley publicado en el BOE

Como es una normativa muy extensa la iré analizando en distintas entradas, al menos todas aquellas novedades que tienen una implicación directa o indirecta en el ámbito fiscal, si bien ahora voy a hacer un breve resumen de aquellos puntos que considero más relevantes de esta Ley:

1º.- Se crea la figura del “Emprendedor de Responsabilidad Limitada“. Lo que se pretende con esto no es ni más ni menos que tratar de evitar que a una “persona física” que desarrolle una actividad económica se le pueda embargar su vivienda habitual por deudas de su actividad económica. Esto supone una auténtica novedad en nuestro organismo jurídico, puesto que hasta ahora, cualquier persona física que desarrollara una actividad empresarial o profesional respondía del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Con esta Ley la persona que se constituya como “Emprendedor de Responsabilidad Limitada” podrá dejar fuera de responsabilidad su vivienda habitual siempre que se cumplan una serie de condiciones imprescindibles (tanto requisitos formales de publicidad registral, como de valor de la vivienda habitual: como regla general, debe ser inferior a 300.000€), lo cual hará que no en todos los casos se pueda excluir la responsabilidad.

Es muy importante recalcar que quedan fuera de esta limitación de responsabilidad las deudas contraídas con la Seguridad Social y las deudas tributarias. Por tanto la vivienda habitual podrá seguir siendo objeto de embargo por parte de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

2º.- Se crea la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. Esta figura permite crear Sociedades Limitadas en varias fases sin tener que desembolsar inicialmente el capital social mínimo, que actualmente es de 3.000 €. Como contrapartida, hasta que no se alcance el capital mínimo la Sociedad tendrá una serie de obligaciones contables, limitación de la retribución de socios y administradores así como pérdida de la limitación de responsabilidad por parte de los socios en caso de que se liquide la Sociedad.

3º.- Inicio de la actividad emprendedora. Se introducen unas medidas que pretenden agilizar los trámites para iniciar una actividad empresarial, creándose los Puntos de Atención al Emprendedor, que los habrá tanto públicos como privados donde se centralizarán los trámites para iniciar una actividad económica. Estas medidas de simplificación de trámites siempre son aplaudidas, pero únicamente resultarán efectivas si se dotan los medios adecuados para llevarla a cabo.

4º.- Acuerdo extrajudicial de pagos. Un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas entre empresarios (personas físicas o jurídicas) en las que aparece  la figura de un mediador concursal con la finalidad de establecer acuerdos (con quitas de hasta el 25% y esperas de hasta tres años) en un procedimiento no muy largo que en caso de fracaso llevará a un concurso de acreedores.

5º.- Establecimiento del criterio de caja en el IVA. Se crea un régimen especial de criterio de caja al que se podrán acoger todos los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones sea inferior a 2.000.000 de euros. En resumen este sistema supondrá que el devengo del IVA se produzca en el momento del cobro (total o parcial) de las facturas y por contra el derecho a deducir una factura se devengará en el momento del pago (total o parcial) de las facturas, con el límite en ambos casos del 31 de diciembre del año posterior en que se hayan efectuado las operaciones. Hay algunas actividades, como aquellas sujetas al régimen simplificado o al recargo de equivalencia, que quedan fuera de este ámbito. Profundizaremos más adelante sobre este nuevo régimen.

6º.- Impuesto de Sociedades. Se crea una nueva deducción por inversión de beneficios aplicable a empresas de reducida dimensión, siempre que se inviertan en elementos nuevos de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, que será del 10% o del 5% según los casos. Se obligará en cualquier caso a crear una reserva mercantil indisponible.

Por otra parte se establece un sistema para aplicar las deducciones fiscales por I+D (investigación y desarrollo) sin los límites que existen actualmente en la cuota íntegra y al mismo tiempo poder proceder a abono con un límite máximo de conjunto de 3 millones de euros anuales.

Igualmente se modifica el régimen fiscal aplicable a las rentas que proceden de determinados activos intangibles (cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, etc).

7º.- Se refuerza la figura del llamado “Business Angel“, con la fijación de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF para aquellas personas que inviertan en empresas de nueva o reciente creación, con una serie de requisitos.

8º.- Reducciones en la cuota de Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia. Supone una reducción durante 18 meses de la cuota a pagar en el régimen de autónomos con carácter progresivo: 80% de reducción los 6 primeros meses, 50% los 6 meses siguientes y 30% durante 6 meses más. La novedad introducida en esta Ley es que no existe límite de edad para su aplicación. Se exige que se trate de alta inicial o que no hubiera estado dado de alta en los cinco años inmediatamente anteriores.

También hay reducciones durante los primeros 18 meses y durante otros 18 meses más en la cuota a pagar en el régimen de autónomos para aquellos trabajadores que causen alta por primera vez en este régimen cuando al mismo tiempo estuvieran dados de alta en régimen general, pretendiéndose favorecer la situación de pluriactividad.

9º.- Medidas de apoyo a la financiación. Este es uno de los puntos más discutibles de la nueva Ley. Se establece una batería de medidas que bajo mi criterio resultan claramente insuficientes para dar un verdadero impulso a la actividad emprendedora: modificaciones en la ley concursal en relación con acuerdos de refinanciación, refuerzo de las cédulas de internacionalización, o la creación de “bonos de internacionalización”, que dudo mucho que sean las medidas que la gran mayoría de los emprendedores precisan.

10º.- Simplificación de cargas administrativas. En este marco se amplían los supuestos en los que las pequeñas y medianas empresas puedan asumir la prevención de riesgos laborales (empresas con un sólo centro de trabajo y menos de 25 trabajadores). Se elimina la obligación de tener un libro de visitas en cada centro de trabajo, siendo sustituido por un libro electrónico de visitas a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se aumenta asimismo los supuestos en los que las empresas pueden formular balances abreviados, entre otras.

11º.- Medidas para fomentar la contratación pública con emprendedores. Se trata de una serie de medidas para eliminar trabas y simplificar a la hora de contratar con la Administración. La regulación es bastante extensa y podemos encontrar la creación de un Registro Oficial de Licitadores con el fin de que se puedan crear uniones de empresas que juntas pueden completar las condiciones exigidas en los pliegos de contratación; Se elevan los umbrales para la exigencia de clasificación en los contratos de obras y servicios; Se acortan los plazos para la devolución de garantías (de 12 a 6 meses en caso de PYMES), así como otras medidas de reducción de cargas administrativas.

12º.- Medidas de fomento de la internacionalización en su doble vertiente: medida que pretenden dar impulso y favorecer la introducción de las empresas españolas en el exterior y por otra parte se pretende agilizar trámites para atraer inversores y emprendedores a nuestro territorio.

En definitiva una gran cantidad de medidas, quizás con una sistemática criticable, ya que se mezclan materias muy diversas y que sólo con el tiempo se podrá ver si resultan efectivas. En mi opinión muchas de ellas llegan muy tarde (criterio de caja en el IVA, supresión de trámites administrativos) y algunas de ellas muy arriesgadas y de dudosa eficacia (creación de Sociedades por debajo del limite del capital mínimo).

Próximamente desarrollaré con carácter práctico algunas de estas medidas y con el tiempo iré analizando su puesta en práctica.

Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la conocida como nueva Ley de tasas judiciales, cuyo enlace dejo aquí: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Desde este día para poder acceder a la justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y parcialmente en laboral, será condición inexcusable el pago de una tasa judicial.

La consecuencia es tajante: si no se acredita el pago de la tasa judicial no se dará curso a la demanda o al escrito procesal correspondiente. Es decir, que más allá de los propios efectos tributarios (la obligación de pago) la tasa despliega sus efectos directos en el ámbito procesal. De este modo la tasa se convierte en un elemento esencial para el acceso a la justicia. Sin su pago no se podrá ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dada la importancia del texto legal aprobado y la repercusión que va a tener en la práctica, con éste voy a iniciar una serie de artículos relativos a esta polémica ley para tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a aplicar y de qué modo va a afectar a la hora de acceder a los tribunales de justicia.

Dos elementos destacan por encima del resto en esta nueva ley: el primero es que la tasa afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hasta ahora, las únicas tasas judiciales que había previstas en nuestro ordenamiento jurídico afectaban exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo a partir de ahora cualquier ciudadano que pretenda interponer una demanda en los ámbitos fijados por la ley estará obligado al pago de la tasa. En principio únicamente quedarán exentos del pago aquellas personas a las que se les reconozca el beneficio de justicia gratuita.

Y el otro aspecto a destacar es su elevada cuantía, algo que sin duda va a servir de freno y en ocasiones y para determinadas personas se convertirá en una auténtica barrera infranqueable a la hora de acudir a los tribunales.

Respecto a la cuantía, para el cálculo de la misma hay que sumar dos partidas: una cuota fija que se ha establecido para cada tipo de procedimiento y otra cuota variable según su cuantía.

Aquí dejo un resumen de las mismas:

Como se observa, interponer una demanda civil de juicio verbal supondrá pagar 150 € de cuota fija; si el procedimiento es ordinario se eleva a 300 €; la interposición de un recurso de apelación serán 800 € de cuota fija y si se pretende acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, la cuota fija a pagar será de 1.200 € y así con cada uno de los procedimientos tal como se refleja en las tablas. Pero a esto debemos sumar en todo caso una cuota variable que será un porcentaje sobre la cuantía del proceso judicial: el 0,5% si la cuantía es hasta un millón de euros y el 0,25% sobre el exceso, con un tope máximo de 18.000 € de cuota variable.

Es decir, que por ejemplo para interponer un procedimiento civil ordinario por el que se reclamaran 5.000 €, habría que pagar 300 € de cuota fija más 25 € de cuota variable. Total 325 €. Si en este mismo supuesto no estuviéramos conformes con la Sentencia y quisiéramos recurrir en apelación, tendríamos que pagar una nueva tasa de 825 €.

Si entramos en asuntos de cuantías superiores, el importe de la tasa resulta demoledor. Por ejemplo, una reclamación de indemnización a una compañía aseguradora de 800.000 € por lesiones muy graves en un accidente de tráfico, supondría tener que pagar una tasa de 4.300 € para poder interponer la demanda. Si en este mismo asunto hubiera que recurrir en apelación, se pagaría una nueva tasa de 4.800 €. Es decir, que o se dispone de esa cantidad de dinero para abonar la tasa o no se podrá reclamar judicialmente un caso de tal envergadura.

Como vemos, la cuantía de la tasa va a variar mucho de unos procedimientos a otros, pero lo que resulta indudable es que no todo el mundo va a poder hacer frente al pago de determinadas tasas. No todo aquel que no tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita tiene capacidad económica para pagar tasas de semejantes cuantías.

En el preámbulo de la Ley se justifica la misma diciendo que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

En mi opinión sí que se quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en el que personas que no están exentas de pago no van a poder hacer frente por sus propios medios al pago de tasas tan elevadas y que por tanto no van a poder ejercer su derecho constitucional por falta de medios económicos. En cualquier caso habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto ante los recursos de inconstitucionalidad que ya se han anunciado desde distintos ámbitos que se van a interponer contra esta ley.

Como último apunte en este artículo, mencionar que en materia laboral la tasa se ha establecido únicamente para los recursos de suplicación (500 € de cuota fija aparte de la variable) y de casación (750 € de cuota fija más la variable). En estos casos, cuando el recurrente sea trabajador por cuenta ajena o propia tendrán una exención del 60% de la tasa.

El orden jurisdiccional penal queda excluido del ámbito de esta ley y por tanto no se exigirá tasa alguna para intervenir en procedimientos penales.

Como el tema es muy extenso para un analizarlo con profundidad en un sólo artículo, como he dicho anteriormente en los próximos días iré desglosando en otras entradas los distintos aspectos de esta Ley de tasas recientemente aprobada, quedando mientras tanto a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os surja.

Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.