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Ley de apoyo a los emprendedores: El criterio de caja en el IVA.

Como ya comentamos en nuestra anterior entrada, ha entrado en vigor recientemente la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Entre las medidas fiscales que se han aprobado figura una antigua reivindicación principalmente de las empresas y autónomos: el establecimiento del sistema de caja en el IVA, o lo que es lo mismo, declarar el IVA de una factura en el momento en que ésta se cobre, no como ahora que con el criterio del devengo es obligatorio declarar e ingresar el IVA de una factura emitida aunque no se haya cobrado.

El sistema actual sabemos que ha perjudicado a muchas pequeñas y medianas empresas que veían que no sólo no cobraban sus facturas, sino que además tenían que adelantar e ingresar en la Agencia Tributaria el IVA generado.

Especialmente afectadas por este sistema han sido y siguen siendo muchas de las empresas que trabajan con las administraciones públicas, demasiado acostumbradas a incumplir en exceso los plazos de pago.

Este nuevo sistema pretende acabar, al menos en parte, con ese grave problema. Sin embargo opino que el resultado de la Ley aprobada dista mucho de lo que debía haber sido para que fuera una medida realmente efectiva y beneficiosa para todas las empresas, sobre todo las PYMES y profesionales, siendo necesario advertir que este criterio de caja no siempre va a ser aconsejable.

En primer lugar hay que destacar que este nuevo régimen entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, por lo que habrá que esperar hasta entonces para su aplicación, pero teniendo en cuenta que la opción habrá que comunicarla en el mes de diciembre anterior.

La reforma se ha articulado en forma de nuevo régimen especial del IVA, al que podrán acogerse voluntariamente todos los sujetos pasivos de este impuesto cuyo volumen de operaciones sea inferior a dos millones de euros, que no tengan cobros en efectivo de cuantía superior a la que se fije reglamentariamente y que tributen por régimen general de IVA. Por tanto cualquier persona que esté incluida en otro régimen especial como el simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia o del oro de inversión por ejemplo no podrá optar por el criterio de caja.

Al tratarse de un régimen de carácter voluntario, lógicamente será preciso acogerse a él mediante el sistema que reglamentariamente se establezca, que en principio será mediante comunicación a través de la oportuna declaración censal y que como he dicho deberá hacerse en el mes de diciembre anterior al año en que será efectivo o si se trata de un inicio de actividad en la propia declaración de alta.

Quien opte por este sistema debe saber que permanecerá en él salvo renuncia, la cual tendrá una durante mínima de tres años durante los cuales no se podrá volver a este régimen.

Qué supondrá este nuevo régimen: Para la empresa o profesional acogido al mismo su principal ventaja es que no tendrá obligación de declarar las facturas que emita hasta que efectivamente se cobren. Pero como contrapartida no podrá tampoco deducirse las facturas que reciba hasta que realice el pago de las mismas, incluso aunque quien las emita no esté dentro de este régimen.

Ahora bien, cabe preguntarse qué pasará con las empresas no acogidas a este régimen pero que trabajen con otras que sí que lo estén. La respuesta es muy simple, van a verse directamente afectadas por esta situación, lo cual va a producir uno de los principales riesgos de este sistema y es que el destinatario de la operación, esté acogido o no al régimen especial, no podrá deducirse la factura hasta que no efectúe el pago.

Es decir, que las empresas no acogidas a este régimen se van a ver arrastradas a utilizarlo por las operaciones que realicen con otras empresas que sí estén acogidas al mismo, viéndose obligadas a llevar una contabilización de las operaciones distinta para cada tipo de empresas.

Esto nos hace plantearnos una cuestión que ya se viene advirtiendo desde distintos sectores críticos con este aspecto de la Ley: un cliente preferirá trabajar con un proveedor no acogido al criterio de caja a hacerlo con otro que esté dentro del régimen, puesto que en el primer caso podrá deducirse las facturas que le emitan con independencia del momento en que las pague, aparte de la complicación contable que les generará trabajar con empresas acogidas, lo que nos hace pensar que se puede crear una perversión del sistema pudiendo provocar que empresas que se acojan al criterio de caja pierdan clientela por este motivo.

En cuanto a las obligaciones formales, la implantación de este régimen va a suponer tener que incluir en los libros registros de facturas emitidas la fecha y medio de cobro así como poner en los libros registros de facturas recibidas la fecha y medio de pago, tanto si es total como pago parcial.

Esto significará por tanto un mayor control contable para las empresas y previsiblemente un incremento en los costes de gestión.

En cuanto a la confección de las facturas será preciso indicar expresamente que esa factura está acogida al régimen de caja a fin de informar claramente al destinatario sobre cuándo se va a poder practicar su deducción: cuando se pague si está acogida al régimen de caja o cuando se emita (con independencia del pago) si no lo está.

Por último indicar una circunstancia importante y es que este criterio no va a significar que una factura no cobrada no tenga que declararse nunca, puesto que existe un límite: el día 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquél en que se emita la factura. En ese plazo, aunque no se haya cobrado aún la factura será obligatorio declararla e ingresar el IVA correspondiente.

En resumen, entiendo que la medida aprobada no va a suponer una generalización del sistema de caja y será preciso que estudiar cada caso concreto para decidir si a una empresa le merece la pena acogerse a este nuevo criterio o no, pero no se nos debe olvidar un hecho básico y es que este régimen nace por una situación muy concreta: la enorme morosidad de las empresa y administraciones españolas. Quizás si se avanzara mucho más en el sentido del cumplimiento de los plazos de pago no sería tan necesario establecer este tipo de medidas encaminadas a corregir una deficiencia del sistema.

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Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la conocida como nueva Ley de tasas judiciales, cuyo enlace dejo aquí: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Desde este día para poder acceder a la justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y parcialmente en laboral, será condición inexcusable el pago de una tasa judicial.

La consecuencia es tajante: si no se acredita el pago de la tasa judicial no se dará curso a la demanda o al escrito procesal correspondiente. Es decir, que más allá de los propios efectos tributarios (la obligación de pago) la tasa despliega sus efectos directos en el ámbito procesal. De este modo la tasa se convierte en un elemento esencial para el acceso a la justicia. Sin su pago no se podrá ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dada la importancia del texto legal aprobado y la repercusión que va a tener en la práctica, con éste voy a iniciar una serie de artículos relativos a esta polémica ley para tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a aplicar y de qué modo va a afectar a la hora de acceder a los tribunales de justicia.

Dos elementos destacan por encima del resto en esta nueva ley: el primero es que la tasa afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hasta ahora, las únicas tasas judiciales que había previstas en nuestro ordenamiento jurídico afectaban exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo a partir de ahora cualquier ciudadano que pretenda interponer una demanda en los ámbitos fijados por la ley estará obligado al pago de la tasa. En principio únicamente quedarán exentos del pago aquellas personas a las que se les reconozca el beneficio de justicia gratuita.

Y el otro aspecto a destacar es su elevada cuantía, algo que sin duda va a servir de freno y en ocasiones y para determinadas personas se convertirá en una auténtica barrera infranqueable a la hora de acudir a los tribunales.

Respecto a la cuantía, para el cálculo de la misma hay que sumar dos partidas: una cuota fija que se ha establecido para cada tipo de procedimiento y otra cuota variable según su cuantía.

Aquí dejo un resumen de las mismas:

Como se observa, interponer una demanda civil de juicio verbal supondrá pagar 150 € de cuota fija; si el procedimiento es ordinario se eleva a 300 €; la interposición de un recurso de apelación serán 800 € de cuota fija y si se pretende acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, la cuota fija a pagar será de 1.200 € y así con cada uno de los procedimientos tal como se refleja en las tablas. Pero a esto debemos sumar en todo caso una cuota variable que será un porcentaje sobre la cuantía del proceso judicial: el 0,5% si la cuantía es hasta un millón de euros y el 0,25% sobre el exceso, con un tope máximo de 18.000 € de cuota variable.

Es decir, que por ejemplo para interponer un procedimiento civil ordinario por el que se reclamaran 5.000 €, habría que pagar 300 € de cuota fija más 25 € de cuota variable. Total 325 €. Si en este mismo supuesto no estuviéramos conformes con la Sentencia y quisiéramos recurrir en apelación, tendríamos que pagar una nueva tasa de 825 €.

Si entramos en asuntos de cuantías superiores, el importe de la tasa resulta demoledor. Por ejemplo, una reclamación de indemnización a una compañía aseguradora de 800.000 € por lesiones muy graves en un accidente de tráfico, supondría tener que pagar una tasa de 4.300 € para poder interponer la demanda. Si en este mismo asunto hubiera que recurrir en apelación, se pagaría una nueva tasa de 4.800 €. Es decir, que o se dispone de esa cantidad de dinero para abonar la tasa o no se podrá reclamar judicialmente un caso de tal envergadura.

Como vemos, la cuantía de la tasa va a variar mucho de unos procedimientos a otros, pero lo que resulta indudable es que no todo el mundo va a poder hacer frente al pago de determinadas tasas. No todo aquel que no tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita tiene capacidad económica para pagar tasas de semejantes cuantías.

En el preámbulo de la Ley se justifica la misma diciendo que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

En mi opinión sí que se quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en el que personas que no están exentas de pago no van a poder hacer frente por sus propios medios al pago de tasas tan elevadas y que por tanto no van a poder ejercer su derecho constitucional por falta de medios económicos. En cualquier caso habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto ante los recursos de inconstitucionalidad que ya se han anunciado desde distintos ámbitos que se van a interponer contra esta ley.

Como último apunte en este artículo, mencionar que en materia laboral la tasa se ha establecido únicamente para los recursos de suplicación (500 € de cuota fija aparte de la variable) y de casación (750 € de cuota fija más la variable). En estos casos, cuando el recurrente sea trabajador por cuenta ajena o propia tendrán una exención del 60% de la tasa.

El orden jurisdiccional penal queda excluido del ámbito de esta ley y por tanto no se exigirá tasa alguna para intervenir en procedimientos penales.

Como el tema es muy extenso para un analizarlo con profundidad en un sólo artículo, como he dicho anteriormente en los próximos días iré desglosando en otras entradas los distintos aspectos de esta Ley de tasas recientemente aprobada, quedando mientras tanto a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os surja.

Apuntes sobre los nuevos tipos de IVA

Se acaba de aprobar la última (por el momento) subida de los tipos de IVA, una medida que, como cabe esperar, previsiblemente va a afectar de un modo muy negativo al consumo. Precisamente los efectos negativos sobre el consumo se agudizan si tenemos en cuenta que esta es la segunda subida de los tipos de IVA que se produce en España en los últimos dos años. La anterior fue en el año 2010 con el Real Decreto-Ley 6/2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica, que entró en vigor el día 1 de julio de 2010. En aquel entonces se elevó el tipo general del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, lo que significa que de un modo acumulado, el tipo general de IVA ha pasado en nuestro país del 16% al 21% en un plazo de dos años (cinco puntos porcentuales más) y el reducido del 7% al 10% (tres puntos más).

La reforma se ha articulado a través del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuya entrada en vigor para estas medidas fiscales será el día 1 de septiembre de 2012.

Vamos a explicar cómo queda el nuevo esquema del IVA con esta reforma y a qué productos y servicios afecta.

Como sabemos, hasta ahora teníamos tres tipos de IVA diferenciados: un tipo general (18%), un tipo reducido (8%) y uno superreducido (4%).

Con la reforma aprobada se mantiene este mismo esquema, si bien el tipo reducido se eleva al 10% y el general al 21%. Únicamente el tipo superreducido se mantiene inamovible en el 4%.

TIPO SUPERREDUCIDO (4%)

No se modifica este tipo de IVA para los bienes y servicios que figuran enumerados en al artículo 91.Dos de la Ley del IVA, entre los que cabe destacar:

  • Los productos básicos como el pan, harina, huevos, leche, quesos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.
  • Los libros, periódicos y revistas.
  • Los medicamentos para uso humano, sustancias medicinales y productos intermedios utilizados en su obtención.
  • Los vehículos destinados para personas con movilidad reducida.
  • Las prótesis e implantes internos para personas con minusvalía.
  • Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial.
  • Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, con los requisitos que se establece en el citado artículo.

Algo a tener en cuenta es que la adquisición de la vivienda habitual, que hasta ahora venía tributando al 4%,, tal como se fijó en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 20/2011, a partir del 1 de enero de 2013 pasará a tributar por el nuevo tipo reducido: 10%.

TIPO REDUCIDO (10%)

Junto con la subida de dos puntos (del 8 al 10), la principal novedad referente a este tipo es que dejan de pertenecer a este grupo varios bienes y servicios que a partir del día 1 de septiembre tributarán al nuevo tipo general (21%), lo cual supondrá para los mismos un enorme aumento de 13 puntos porcentuales.

Concretamente, se eliminan del tipo reducido y pasarán a tributar al tipo general (21%):

  • Las flores y plantas ornamentales.
  • Los servicios mixtos de hostelería (discoteca,  espectáculos, etc.)
  • Entradas a teatros, circos, cines, parques de atracciones, conciertos y otros espectáculos.
  • Servicios prestados por artistas, directores y técnicos personas físicas.
  • Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física.
  • Servicios funerarios.
  • Servicios de peluquerías.
  • Asistencia sanitaria, dental y curas termales
  • Servicios de radiodifusión y servicios de televisión digital.
  • Adquisición de obras de arte.

El resto de supuestos previstos en el artículo 91. Uno de la Ley del IVA permanece con el 10% de IVA.

TIPO GENERAL (21%)

Este tipo afecta a todos los bienes y servicios no incluidos en ninguno de los grupos anteriores.

La principal novedad, aparte de la subida del tipo es que como ya hemos dicho, hay una serie de bienes y servicios (todos los que acabamos de reseñar) que van a pasar automáticamente de un tipo de IVA del 8% al nuevo tipo general del 21%.

Es importante reseñar que pese a los rumores que presagiaban que la medida entraría en vigor inmediatamente, finalmente lo hará el día 1 de septiembre, lo cual supone un alivio sobre todo para sectores como el turismo para el que podría haber supuesto una auténtica debacle la imposición de esta medida en plena campaña turística de verano. Por lo tanto será a partir del día 1 de septiembre cuando habrá que facturar ya con los nuevos tipos de IVA.

En relación con esto es importante recalcar la importancia de aplicar correctamente el principio del devengo para determinar qué tipo de IVA se debe aplicar a cada operación, sobre todo en aquellos supuestos en los que suelen surgir dudas, como son los casos de pagos anticipados, pagos periódicos o casos en los que haya que emitir facturas rectificativas, a fin de evitar una incorrecta aplicación del tipo y evitar problemas.

Por último reseñar que también se han elevado los tipos del régimen especial del recargo de equivalencia, que pasarán del 4% al 5,2% para el tipo general y del 1% al 1,4% para el tipo reducido. El resto de tipos no sufre variación.

Es aún pronto para saber qué consecuencias va a tener esta nueva subida de tipos, aunque pocas conclusiones positivas se adivinan salvo el lógico aumento de la recaudación puesto que no cabe duda que esta medida va a retraer aún más si cabe el consumo con las terribles consecuencias que ello está suponiendo tanto para las empresas como para los particulares.