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Calendario de la declaración de la Renta 2013

Renta 2013

Hoy, 1 de abril, comienza oficialmente la campaña de la declaración de la Renta 2013.

Como viene sucediendo en los últimos años, inicialmente  el plazo se abre para la confirmación y modificación de borradores y posteriormente, a partir del 23 de abril, ya se podrán presentar las declaraciones propiamente dichas.

El cada vez mayor número de opciones de presentación debido a la utilización de medios telemáticos, hace que se fragmenten los plazos y varíen dependiendo del modo de presentación por el que optemos.

Como novedad importante, este año no estarán disponibles los impresos en papel que se obtenían en las oficinas de la Agencia Tributaria y en los estancos. Ya no será posible presentar la declaración rellenada a mano. Necesariamente deberá utilizarse el programa PADRE para confeccionar la declaración (también podrá utilizarse otro programa que genere un fichero idéntico al del programa PADRE).

Igualmente hay que recordar que entre las modalidades de presentación telemática se incluye este año la utilización del PIN 24 HORAS,  sobre el cual escribí recientemente un artículo que podéis ver aquí.

El 30 de junio finalizará oficialmente la campaña, por tanto ése será el último día que tendremos para presentar la declaración. Al igual que hago cada año, vuelvo a insistir en la conveniencia de no apurar los plazos para así tener margen de maniobra a la hora de preparar correctamente la declaración.

Aquí expongo esquemáticamente los plazos a tener en cuenta en la Renta 2013

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA:

Este año debemos diferenciar según la declaración se presente de modo telemático o no.

A) Presentaciones de la declaración por vía telemática:

  • El plazo general para presentar la declaración, tanto positivas como negativas es del 23 de abril (miércoles) al 30 de junio de 2013 (lunes).
  • Si la declaración resulta positiva (a pagar) y se opta por domiciliar el pago, el plazo se acorta hasta el 25 de junio (miércoles).

B) Presentaciones no telemáticas de la declaración:

  • El plazo es más corto para presentar por este medio las declaraciones, sea cual sea su resultado: del 5 de mayo (lunes) al 30 de junio de 2013 (lunes).
  • Igualmente si la declaración resulta positiva (a pagar) y se opta por domiciliar el pago, el plazo se acorta hasta el 25 de junio (miércoles).

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA:

  • El plazo para obtener el número de referencia por internet con el cual poder sacar el borrador de la declaración es del 1 de abril (martes) al 30 de junio (lunes).

A) Confirmación del borrador:

A.1) Si el borrador resulta a pagar:

  • Una vez que tenemos el borrador, el plazo para confirmarlo o suscribirlo si se hace por vía telefónica, por internet, por cajero automático o por banca electrónica es del 1 de abril (martes) al 30 de junio (lunes).
  • El plazo para confirmar el borrador o suscribirlo si se hace por presencialmente en una entidad colaboradora (Banco) es del 5 de mayo (lunes) al 30 de junio (lunes).
  • En ambos casos, si se domicilia el pago, los plazos se acortan hasta el 25 de junio (miércoles).

A.1) Si el borrador resulta una cantidad a devolver o negativa

  • Si se confirma por vía telefónica, por internet, por SMS, por cajero automático o por banca electrónica es del 1 de abril (martes) al 30 de junio (lunes).
  • Si se hace presencialmente en una entidad colaboradora (Banco) o bien en las propias oficinas de la Agencia Tributaria el plazo es del 5 de mayo (lunes) al 30 de junio (lunes).

B) Modificación del borrador

  • Se podrá instar la modificación del borrador por internet o telefónicamente desde el 1 de abril (martes) al 30 de junio (lunes).
  • Si se hace presencialmente en las Oficinas de la Agencia Tributaria, el plazo para solicitar la cita previa comienza el día 5 de mayo (lunes), si bien el servicio de modificación de borradores en estas oficinas estará disponible desde el 12 de mayo (lunes) al 30 de junio (lunes).

DATOS FISCALES PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA:

  • El plazo para obtener el número de referencia con el cual visualizar los datos fiscales para confeccionar la declaración es del 1 de abril (martes) al 30 de junio (lunes).

CITA PREVIA:

  • El plazo para solicitar cita previa con la Agencia Tributaria para confeccionar la Declaración de la Renta o modificar el borrador es del 5 de mayo (lunes) al 27 de junio (viernes).
  • El servicio de confección de declaraciones y modificación de borradores estará en funcionamiento del 12 de mayo (lunes) al 30 de junio (lunes).

DESCARGA DEL PROGRAMA DE AYUDA PADRE:

  • El programa PADRE para la confección de la declaración se podrá descargar desde la página web de la Agencia Tributaria a partir del 8 de abril (martes).

Aprobados los modelos para el pago de las tasas judiciales

Ahora sí que se puede decir que ya están aquí las tasas judiciales. Hoy día 17 de diciembre de 2012 se han publicado en el BOE los modelos para presentar las liquidaciones de estas polémicas tasas. Figuran en la Orden 2662/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan los modelos 696 de autoliquidación y 695 de solicitud de devolución.

Esto significa que en la práctica desde el día de hoy ya se debe presentar el modelo 696 y por tanto va a ser plenamente exigible el pago de la tasa judicial para la presentación de las demandas judiciales y los demás escritos para los que es preceptiva.

A pesar de que el día 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012 que exigía el pago de estas tasas, lo cierto es que en la práctica no ha sido posible su aplicación puesto que sorprendentemente el Ministerio de Hacienda no tenía preparados los modelos que se deben cumplimentar, lo que ha provocado  inseguridad jurídica y bastante desconcierto.

Si recordamos, una de las consecuencias de la no presentación del pago de la tasa judicial es que no se daría curso por parte del secretario judicial al escrito que no llevara adjunto el justificante de su pago. Con buen criterio no se ha paralizado la administración de justicia por la no aportación de unos justificantes que resultaba de todo punto imposible presentar dada su inexistencia.

En cualquier caso ahora ya no hay excusa puesto que esta Orden da forma a la exigencia legal de desarrollar por parte del Ministerio de Hacienda los modelos precisos para su cumplimiento.

Vamos a explicar un poco en qué consisten estos modelos y cómo hay que presentarlos.

En primer término está el Modelo 696: “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación”.

Este modelo únicamente se puede obtener por internet, no se podrá adquirir físicamente en estancos ni ningún otro establecimiento.

En la página de la Agencia Tributaria ya está disponible el formulario de este modelo para poder descargar. Este es el enlace:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtml

Hay que distinguir dos supuestos:

1º.- Que el obligado sea una Sociedad Anónima o Limitada: En estos casos únicamente se podrá presentar la tasa telemáticamente. Por lo tanto, las sociedades deberán necesariamente acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria para cumplimentar el modelo, obtener el código NRC justificante del pago de la tasa y posteriormente enviar la declaración telemáticamente.

2º.- Que el obligado sea una persona física o cualquier otra entidad distinta de las sociedades anónimas o limitadas. A todos estos contribuyentes se les permite presentar la declaración bien telemáticamente, como hemos explicado en el caso anterior o bien descargando el formulario desde la página web de la Agencia Tributaria para presentarlo en una entidad bancaria. El formulario se rellena directamente desde la propia página web, la cual generará tres copias para imprimir, que son las que habrá que llevar al banco.

Los justificantes son los que habrá que presentar junto con el documento procesal en el Juzgado.

El otro modelo aprobado es el 695 y es el que se utilizará para solicitar la devolución de parte de la tasa en los supuestos en los que esté así previsto por la ley, ya sea por solución judicial del conflicto o bien por acumulación de procesos. Respecto a este procedimiento de devolución es importante saber que se aplaza hasta el día 1 de abril de 2013 la entrada en vigor de las disposiciones referentes a este modelo.

Al igual que sucede con el modelo 696, también será necesaria la presentación vía telemática en los supuestos de sociedades anónimas o limitadas, permitiéndose la opción de presentarla en forma impresa en los demás casos.

Entradas relacionadas: Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la conocida como nueva Ley de tasas judiciales, cuyo enlace dejo aquí: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Desde este día para poder acceder a la justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y parcialmente en laboral, será condición inexcusable el pago de una tasa judicial.

La consecuencia es tajante: si no se acredita el pago de la tasa judicial no se dará curso a la demanda o al escrito procesal correspondiente. Es decir, que más allá de los propios efectos tributarios (la obligación de pago) la tasa despliega sus efectos directos en el ámbito procesal. De este modo la tasa se convierte en un elemento esencial para el acceso a la justicia. Sin su pago no se podrá ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dada la importancia del texto legal aprobado y la repercusión que va a tener en la práctica, con éste voy a iniciar una serie de artículos relativos a esta polémica ley para tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a aplicar y de qué modo va a afectar a la hora de acceder a los tribunales de justicia.

Dos elementos destacan por encima del resto en esta nueva ley: el primero es que la tasa afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hasta ahora, las únicas tasas judiciales que había previstas en nuestro ordenamiento jurídico afectaban exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo a partir de ahora cualquier ciudadano que pretenda interponer una demanda en los ámbitos fijados por la ley estará obligado al pago de la tasa. En principio únicamente quedarán exentos del pago aquellas personas a las que se les reconozca el beneficio de justicia gratuita.

Y el otro aspecto a destacar es su elevada cuantía, algo que sin duda va a servir de freno y en ocasiones y para determinadas personas se convertirá en una auténtica barrera infranqueable a la hora de acudir a los tribunales.

Respecto a la cuantía, para el cálculo de la misma hay que sumar dos partidas: una cuota fija que se ha establecido para cada tipo de procedimiento y otra cuota variable según su cuantía.

Aquí dejo un resumen de las mismas:

Como se observa, interponer una demanda civil de juicio verbal supondrá pagar 150 € de cuota fija; si el procedimiento es ordinario se eleva a 300 €; la interposición de un recurso de apelación serán 800 € de cuota fija y si se pretende acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, la cuota fija a pagar será de 1.200 € y así con cada uno de los procedimientos tal como se refleja en las tablas. Pero a esto debemos sumar en todo caso una cuota variable que será un porcentaje sobre la cuantía del proceso judicial: el 0,5% si la cuantía es hasta un millón de euros y el 0,25% sobre el exceso, con un tope máximo de 18.000 € de cuota variable.

Es decir, que por ejemplo para interponer un procedimiento civil ordinario por el que se reclamaran 5.000 €, habría que pagar 300 € de cuota fija más 25 € de cuota variable. Total 325 €. Si en este mismo supuesto no estuviéramos conformes con la Sentencia y quisiéramos recurrir en apelación, tendríamos que pagar una nueva tasa de 825 €.

Si entramos en asuntos de cuantías superiores, el importe de la tasa resulta demoledor. Por ejemplo, una reclamación de indemnización a una compañía aseguradora de 800.000 € por lesiones muy graves en un accidente de tráfico, supondría tener que pagar una tasa de 4.300 € para poder interponer la demanda. Si en este mismo asunto hubiera que recurrir en apelación, se pagaría una nueva tasa de 4.800 €. Es decir, que o se dispone de esa cantidad de dinero para abonar la tasa o no se podrá reclamar judicialmente un caso de tal envergadura.

Como vemos, la cuantía de la tasa va a variar mucho de unos procedimientos a otros, pero lo que resulta indudable es que no todo el mundo va a poder hacer frente al pago de determinadas tasas. No todo aquel que no tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita tiene capacidad económica para pagar tasas de semejantes cuantías.

En el preámbulo de la Ley se justifica la misma diciendo que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

En mi opinión sí que se quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en el que personas que no están exentas de pago no van a poder hacer frente por sus propios medios al pago de tasas tan elevadas y que por tanto no van a poder ejercer su derecho constitucional por falta de medios económicos. En cualquier caso habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto ante los recursos de inconstitucionalidad que ya se han anunciado desde distintos ámbitos que se van a interponer contra esta ley.

Como último apunte en este artículo, mencionar que en materia laboral la tasa se ha establecido únicamente para los recursos de suplicación (500 € de cuota fija aparte de la variable) y de casación (750 € de cuota fija más la variable). En estos casos, cuando el recurrente sea trabajador por cuenta ajena o propia tendrán una exención del 60% de la tasa.

El orden jurisdiccional penal queda excluido del ámbito de esta ley y por tanto no se exigirá tasa alguna para intervenir en procedimientos penales.

Como el tema es muy extenso para un analizarlo con profundidad en un sólo artículo, como he dicho anteriormente en los próximos días iré desglosando en otras entradas los distintos aspectos de esta Ley de tasas recientemente aprobada, quedando mientras tanto a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os surja.

Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

El aplazamiento o fraccionamiento del pago de la declaración de la renta.

Una de las preguntas que inevitablemente más me hacen en el momento de confeccionar una declaración de la renta cuando resulta positiva, es si se puede aplazar o fraccionar el pago.

Efectivamente la normativa del Impuesto, concretamente el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta concede la posibilidad de fraccionar el pago en dos cuotas sin que tengamos que abonar intereses ni recargo alguno.

La primera cuota sería del 60% de su importe y se paga en el momento de presentar la declaración y la segunda cuota sería del restante 40% y se pagaría el día 5 de noviembre, en este caso de 2012.

Lo más importante es que este fraccionamiento es automático sin necesidad de justificar ante la Administración ninguna situación económica para que nos lo concedan. Basta con marcar esta opción en la propia declaración de la renta y será suficiente, puesto que no se necesita que sea aprobado ya que es un fraccionamiento otorgado por la propia normativa del impuesto.

Los requisitos para que se pueda disfrutar de este beneficio son que se presente la declaración dentro del plazo establecido (este año hasta el 2 de julio de 2012) y por otra parte que no se trate de una declaración complementaria de otra anterior. Cumpliendo estos dos requisitos, el fraccionamiento resulta automático.

Sin embargo esta no es la única posibilidad de fraccionar o aplazar el pago de la declaración. Puede que la situación económica del contribuyente dificulte el pago de la declaración incluso acogiéndose al fraccionamiento que he expuesto anteriormente y necesitemos pedir un aplazamiento a más largo plazo. En este caso, como cualquier otra deuda tributaria es posible solicitar un aplazamiento o fraccionamiento mayor.

Aquí el aplazamiento sí que nos lo tiene que conceder la Agencia Tributaria y será necesario justificar la existencia de dificultades económico-financieras que impidan de forma transitoria efectuar el pago en los plazos establecidos, tal como dice el artículo 65.1 de la Ley General Tributaria.

Para ello habrá que presentar, junto con la declaración, una solicitud de aplazamiento del pago y hay que tener en cuenta que en el supuesto de que nos lo concedan tendremos que abonar intereses de demora (que para el año 2012 y a fecha de redacción de esta entrada, son del 5%)

Otro aspecto a tener en cuenta, es que si el importe de la declaración cuyo pago solicitamos que se aplace es inferior a 18.000 Euros, no será preciso aportar ningún tipo de garantía para su concesión, pero si el importe supera dicha cifra, en principio será preciso que se aporte aval bancario o en caso de no poder aportarlo, justificar esta imposibilidad y ofrecer cualquier otro tipo de garantía que se estime por la Administración como suficiente.

En resumen, las dos opciones para aplazar el pago de la declaración que disponemos son la de acogernos a la posibilidad del fraccionamiento automático en los dos plazos que he señalado anteriormente, sin necesidad de justificar causa alguna y sin devengo de intereses de demora o bien solicitar un aplazamiento en los términos generales de cualquier deuda tributaria.

Apuntes sobre las nuevas medidas fiscales anunciadas en el debate de investidura

Todos hemos asistido con expectación al debate de investidura de quien a estas horas ha obtenido el respaldo de los diputados para convertirse en el sexto Presidente de Gobierno de la democracia, D. Mariano Rajoy, a fin de conocer cuáles van a ser las líneas de actuación del nuevo Gobierno de España para este inicio de legislatura.

Dado el momento tan delicado por el que atravesamos, muchos son los retos a afrontar y el futuro dirá en qué grado van a poder cumplirse o hasta qué punto será necesario modificar las medidas anunciadas, más aún en una situación económica tan dramática y cambiante como la que estamos viviendo.

Por lo que respecta al ámbito fiscal, en el debate se han avanzado algunas de las medidas que se pretende poner en funcionamiento y tal como se nos ha dicho, parece que se va a dar celeridad a la implantación de las mismas.

Vamos a desglosarlas un poco para hacernos una idea de los cambios que se van a producir en los próximos meses.

A groso modo, se puede decir que un gran bloque de las reformas fiscales anunciadas va a afectar directamente a los autónomos y a las PYMES. Según se ha manifestado, se pretende crear en los próximos meses una ley de apoyo a los emprendedores, que al parecer incluiría algunas medidas tales como la creación de un modelo de compensación automática, de un modo similar a la ya existente cuenta corriente tributaria y cuya finalidad sería la posibilidad de compensar cualquier deuda que se tenga reconocida por una Administración Pública.

Hará falta ver de qué modo se pretende articular esta medida y si realmente se va a transformar en la regla general para la compensación de todo tipo de deudas con la Administración, puesto que esto podría suponer un auténtico alivio para las pymes y autónomos que tengan deudas reconocidas a su favor y que no se verán forzados a seguir pagando impuestos pese a tener un crédito con la Administración, que todos sabemos que por regla general su cumplimiento suele dilatarse mucho más en el tiempo.

Aunque sin duda, mayor impacto ha tenido el anuncio referente al momento de pago del IVA. Se ha anunciado que se reformará el IVA en el sentido de que no se tendrá que pagar este impuesto hasta el momento en que realmente se haya producido el cobro de la correspondiente factura.

Esta es una vieja aspiración de empresas y autónomos que si finalmente se pone en marcha sí que supondrá un auténtico respiro para este colectivo que hasta ahora se veía ante la injusta en mi opinión tesitura de ver cómo se realiza un trabajo que no se cobra o se cobra tarde y pese a ello se tiene que liquidar el IVA de dicha factura ante la Hacienda Pública.

Es decir, que no sólo se tiene que sufrir las consecuencias de la morosidad sino también verse obligado a adelantar a la Agencia Tributaria un impuesto no cobrado.

En la actualidad existe un mecanismo para la recuperación de un IVA no cobrado, pero que sólo se puede poner en funcionamiento en momentos muy concretos. Me refiero al establecido en el artículo 80 en sus apartados 3 y 4 de la Ley del IVA, pero que se aplica a los supuestos en los que el pagador ha entrado en concurso de acreedores o bien cuando la deuda se considere según este artículo como total o parcialmente incobrable. Pero como ya digo, es un mecanismo específico, con unos plazos tasados (debe transcurrir, según el supuesto entre 6 meses y un año para poder aplicarlo) y debe interponerse reclamación judicial o instar requerimiento notarial para su aplicación.

La medida que se pretende implantar parece que va encaminada a que la regla general sea la del cobro efectivo para liquidar el impuesto, lo cual supondría un cambio radical en la práctica del impuesto. Cabe esperar que se establecerán mayores mecanismos de control para aplicar este nuevo criterio. Habrá que esperar de todos modos a saber de qué modo se concreta esta reforma para ver su efectividad y esperemos que los requisitos que se establezcan para su aplicación no supongan maliciosos obstáculos para la puesta en marcha de una medida a mi entender más que necesaria.

Una cuestión que no ha quedado resuelta es qué va a suceder con los tipos de IVA. El genérico anuncio reiterado en el debate por el ya investido Presidente del Gobierno de no subir los impuestos no despeja por completo esa incógnita. Lo que sí ha dicho es que piensa mantener el tipo superreducido (4%) para la adquisición de vivienda pero especificando que sólo cuando se trate de vivienda habitual y con un límite, que no ha desvelado, en su precio de adquisición.

Y ya que menciono la vivienda habitual, otra de las medidas de gran impacto mediático anunciadas es el regreso de la deducción por adquisición de la vivienda habitual hace relativamente poco tiempo eliminada parcialmente por el anterior Gobierno.

Estas últimas medidas ponen de relieve que el nuevo Gobierno va a apostar por incentivar la adquisición de viviendas, aunque considero que mientras no se reactive el crédito bancario, para una gran parte de la población seguirá siendo muy complicado acceder a la misma pese a los estímulos fiscales creados. De cualquier modo, sin duda que inicialmente esta medida va a ser ampliamente aplaudida por todos aquellos que están inmersos en la actualidad en el pago de hipotecas y que van a poder volver a desgravarse los pagos realizados. Como todas las medidas, también habrá que esperar en este caso para saber de qué modo se reinstaura y si van a tener algún tratamiento especial los que hayan adquirido la vivienda con anterioridad a cuando entre en vigor la reforma.

Sobre el Impuesto de Sociedades, también se han anunciado reformas en principio favorables a las empresas, tales como la eliminación de las limitaciones que actualmente existen para aplicar el tipo del 20%, así como la ampliación a doce millones de euros el límite para la aplicación del régimen especial para empresas de reducida dimensión. También se ha dicho que se pretende aumentar a los quinientos mil euros el límite para aplicar el tipo del 25%.

Por último y como otra de las medidas llamativas anunciadas, está la de que tributarán diez puntos menos los beneficios no distribuidos que se destinen a la adquisición de nuevos activos, es decir que se pretende premiar la reinversión de los beneficios en la empresa por encima de su distribución a los socios.

Estas son algunas de las medidas fiscales que se han podido desgranar de todo lo manifestado en el debate de investidura. Como he dicho antes, la situación económica tan dependiente de la evolución de los mercados que estamos viviendo, pienso que marcará el devenir de esta y cualquier otra reforma fiscal que se piense acometer. Es evidente que en el discurso únicamente se han anunciado medidas fiscales que resultan favorables para los ciudadanos, pero creo que no hay que descartar que junto a ellas se tengan que poner en marcha otras que no resulten tan populares. Habrá que seguir atentos a los acontecimientos.

Notificaciones electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria

Recientemente ha entrado en vigor una normativa que a mi entender va a suponer una auténtica revolución en la relación de los contribuyentes con la Agencia Tributaria, me refiero al Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Esta normativa de gran importancia, ha entrado ya en vigor (desde el 1 de enero de 2.011) sin que probablemente muchas de las personas a las que les afecta tengan conocimiento de su existencia.

Para resumir diremos que a partir de ahora las notificaciones que la Agencia Tributaria tenga que realizar a una serie de personas y entidades entre las que se encuentran todas las Sociedades Limitadas y Anónimas, ya no se recibirán por correo ordinario, sino que únicamente se enviarán por vía telemática a través de internet.

Y cuando digo notificaciones de la Agencia Tributaria, me refiero a supuestos tales como inicio de expedientes sancionadores, providencias de apremio, embargos, resoluciones de recursos, requerimientos, etc (aunque existen algunas excepciones).

La Agencia Tributaria ha puesto en su página web información detallada explicando en qué consiste este sistema, en la que se incluyen vídeos demostrativos de su funcionamiento. Aquí dejo el enlace a esta página de la Agencia Tributaria para quien quiera profundizar en este tema.

Lo primero debería ser explicar a quién afecta esta normativa:

El artículo 4 del citado Real Decreto es el que detalla qué personas y entidades están obligadas a utilizar este sistema para recibir notificaciones.

En resumen están obligadas todas las sociedades y entidades cuyos CIF comiencen por las siguientes letras: A, B, N, W, U y V. Además de las anteriores y con independencia de su forma jurídica (incluso personas físicas), todas aquellas en las que concurra cualquiera de estas circunstancias.

–          Estar inscritas en el Registro de Grandes Empresas

–          Contribuyentes que tributen por el régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades

–          Contribuyentes que tributen en el régimen especial de Grupo de Entidades de IVA

–          Contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA, y

–          Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos.

El funcionamiento, a falta de ver cómo resulta en la práctica, será el siguiente: la Agencia Tributaria no va a mandar las notificaciones a una dirección de correo electrónico nuestra, como podría pensarse en un principio, sino que las dejará en la denominada “Dirección Electrónica Habilitada (D.E.H.)”.

Esta D.E.H. es una especie de “buzón electrónico” que no es de uso exclusivo de la Agencia Tributaria. Otros Organismos como por ejemplo la Dirección General de Tráfico y algunos Ministerios y Ayuntamientos utilizan también esta sede electrónica para realizar notificaciones en diversos procedimientos administrativos.

A esta D.E.H. se accederá a través de la siguiente página web (también podremos acceder a través de la sede electrónica de la página de la Agencia Tributaria. Para hacer un símil, la notificación en la página de la D.E.H. es como si nos la entregaran en Correos y la de la página de la Agencia Tributaria es como si acudiéramos a la propia Agencia a recoger la notificación. En ambos casos el efecto es el mismo. Lo importante es saber que a partir de ahora sólo se recibirán las notificaciones en estos dos lugares, puesto que ya no se mandarán al domicilio físico.

El primer requisito imprescindible si cualquiera de los afectados quiere ver las notificaciones a partir de ahora es que necesitan obtener y tener instalado un certificado digital en el ordenador (aunque también será válido el DNI electrónico en caso de personas físicas).

Las notificaciones se producirán del siguiente modo: la Agencia tributaria dejará en la D.E.H. una notificación (por ejemplo una providencia de apremio). Desde que se deja esa notificación, tendremos diez días para abrirlo y ver su contenido y aquí vienen las consecuencias: si transcurridos esos diez días no abrimos ese correo, se entenderá que la notificación se ha producido y comenzarán a correr los correspondientes plazos (por ejemplo para recurrir una providencia de apremio).

Como vemos, el sistema es mucho más restrictivo que el anterior. Hasta ahora el cartero entregaba en mano la notificación en el domicilio; Si no se encontraba al interesado, se dejaba aviso de recogida en las oficinas de correos; Finalmente, si estos intentos resultaban fallidos, se realizaba la notificación por edictos. A partir de ahora, todo esto desaparece: se pondrán las notificaciones en internet en la D.E.H. y si pasados diez días no se abriera, se entenderá notificada sin más trámites.

Nos ofrecen la posibilidad en la página de la D.E.H. de que pongamos voluntariamente un correo electrónico propio en el que nos avisen si nos llega una notificación, pero este correo no es vinculante.

Esto va a provocar que necesariamente como mínimo cada diez días habrá que entrar en nuestro buzón de la D.E.H. para comprobar si tenemos notificaciones. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que prescriba algún plazo, con la gravedad que ello supone.

El momento en que se entenderá recogida una notificación será el instante en el que la abramos, para lo cual deberemos utilizar el certificado, generándose una firma digital que quedará registrada con la fecha y hora en que se abre. Y como he dicho, si no la abrimos en el plazo de diez días, en ese instante se entenderá que se ha producido la notificación del acto de que se trate.

Esta norma ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2011, sin embargo no afectará directamente a cada uno de los obligados hasta que no se les haya notificado individualmente y de modo fehaciente que han sido incluidos en este sistema. Es decir, que si su sociedad no ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria al respecto, de momento no estará incluida en el mismo.

Esto, a mi entender, va a generar numerosos problemas. En principio está previsto que a lo largo de estos meses comiencen a enviarse las notificaciones de inclusión en el sistema a todos los afectados, con lo que debemos estar muy atentos a recibir próximamente una carta con acuse de recibo de la Agencia Tributaria (puesto que debe ser fehaciente). Este hecho me permite aventurar que con total probabilidad va a haber muchas sociedades que van a estar incluidas en el sistema sin saberlo: notificaciones en domicilios en los que no haya nadie, fallos en las notificaciones por el servicio de Correos, o mil incidencias posibles. En todos estos casos, en principio el servicio de Correos dejará avisos, que anticipo que muchos de ellos no se recogerán y finalizarán con notificaciones por edictos. Y no nos olvidemos que a partir de entonces ya no habrá más notificaciones por correo ordinario.

A modo de reflexión diré que la utilización de las nuevas tecnologías está cambiando de un modo radical y en muchos aspectos para mejor nuestra forma de relacionarnos con la Administración: El acceso a la información o el ahorro de tiempo a la hora de realizar trámites, son claros ejemplos de ello, sin embargo, hay que tener en cuenta que no vivimos en un mundo ideal, sino en uno bastante real y en éste existen muchas deficiencias como para poner en marcha un sistema como éste de modo obligatorio y que va a obligar a todos los afectados (como por ejemplo todas las PYMES que tengan la forma de Sociedad Limitada) a disponer no ya sólo de equipos informáticos y conexión a internet, sino también certificados digitales que en la actualidad la gran mayoría no disponen de él.

Se genera la necesidad de acceder al menos una vez cada diez días al buzón electrónico que se crea al efecto, trasladando ahora al obligado la acción para recibir una notificación, con consecuencias muy graves si no lo hace (prescripción de acciones incluidas) y además habrá que hacerlo durante todo el año, también en periodos vacacionales, puesto que recordemos que salvo domingos y festivos, el resto de días del año son hábiles para la Administración Tributaria, con el agravante de que no podremos acceder a nuestro buzón desde cualquier ordenador, puesto que sólo se podrá hacer desde uno en el que tengamos instalado nuestro certificado digital.

Existe la posibilidad de apoderar a otras personas, que en la práctica serán en la mayoría de los casos los profesionales, para que reciban también las notificaciones. Esto sin duda será bastante habitual y salvará muchas situaciones que de otro modo no podrían solucionarse, aunque también intuyo que será foco de posibles conflictos y responsabilidades civiles en la relación entre los profesionales y los clientes.

Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrolla en la práctica este novedoso sistema que agilizará muchos procedimientos, pero causará sin duda problemas en muchos otros.