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Entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales

Hoy día 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la conocida como nueva Ley de tasas judiciales, cuyo enlace dejo aquí: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Desde este día para poder acceder a la justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y parcialmente en laboral, será condición inexcusable el pago de una tasa judicial.

La consecuencia es tajante: si no se acredita el pago de la tasa judicial no se dará curso a la demanda o al escrito procesal correspondiente. Es decir, que más allá de los propios efectos tributarios (la obligación de pago) la tasa despliega sus efectos directos en el ámbito procesal. De este modo la tasa se convierte en un elemento esencial para el acceso a la justicia. Sin su pago no se podrá ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva.

Dada la importancia del texto legal aprobado y la repercusión que va a tener en la práctica, con éste voy a iniciar una serie de artículos relativos a esta polémica ley para tratar de explicar en qué consiste, cómo se va a aplicar y de qué modo va a afectar a la hora de acceder a los tribunales de justicia.

Dos elementos destacan por encima del resto en esta nueva ley: el primero es que la tasa afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hasta ahora, las únicas tasas judiciales que había previstas en nuestro ordenamiento jurídico afectaban exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo a partir de ahora cualquier ciudadano que pretenda interponer una demanda en los ámbitos fijados por la ley estará obligado al pago de la tasa. En principio únicamente quedarán exentos del pago aquellas personas a las que se les reconozca el beneficio de justicia gratuita.

Y el otro aspecto a destacar es su elevada cuantía, algo que sin duda va a servir de freno y en ocasiones y para determinadas personas se convertirá en una auténtica barrera infranqueable a la hora de acudir a los tribunales.

Respecto a la cuantía, para el cálculo de la misma hay que sumar dos partidas: una cuota fija que se ha establecido para cada tipo de procedimiento y otra cuota variable según su cuantía.

Aquí dejo un resumen de las mismas:

Como se observa, interponer una demanda civil de juicio verbal supondrá pagar 150 € de cuota fija; si el procedimiento es ordinario se eleva a 300 €; la interposición de un recurso de apelación serán 800 € de cuota fija y si se pretende acudir al Tribunal Supremo en recurso de casación, la cuota fija a pagar será de 1.200 € y así con cada uno de los procedimientos tal como se refleja en las tablas. Pero a esto debemos sumar en todo caso una cuota variable que será un porcentaje sobre la cuantía del proceso judicial: el 0,5% si la cuantía es hasta un millón de euros y el 0,25% sobre el exceso, con un tope máximo de 18.000 € de cuota variable.

Es decir, que por ejemplo para interponer un procedimiento civil ordinario por el que se reclamaran 5.000 €, habría que pagar 300 € de cuota fija más 25 € de cuota variable. Total 325 €. Si en este mismo supuesto no estuviéramos conformes con la Sentencia y quisiéramos recurrir en apelación, tendríamos que pagar una nueva tasa de 825 €.

Si entramos en asuntos de cuantías superiores, el importe de la tasa resulta demoledor. Por ejemplo, una reclamación de indemnización a una compañía aseguradora de 800.000 € por lesiones muy graves en un accidente de tráfico, supondría tener que pagar una tasa de 4.300 € para poder interponer la demanda. Si en este mismo asunto hubiera que recurrir en apelación, se pagaría una nueva tasa de 4.800 €. Es decir, que o se dispone de esa cantidad de dinero para abonar la tasa o no se podrá reclamar judicialmente un caso de tal envergadura.

Como vemos, la cuantía de la tasa va a variar mucho de unos procedimientos a otros, pero lo que resulta indudable es que no todo el mundo va a poder hacer frente al pago de determinadas tasas. No todo aquel que no tenga derecho al beneficio de la justicia gratuita tiene capacidad económica para pagar tasas de semejantes cuantías.

En el preámbulo de la Ley se justifica la misma diciendo que “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

En mi opinión sí que se quiebra el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en el que personas que no están exentas de pago no van a poder hacer frente por sus propios medios al pago de tasas tan elevadas y que por tanto no van a poder ejercer su derecho constitucional por falta de medios económicos. En cualquier caso habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto ante los recursos de inconstitucionalidad que ya se han anunciado desde distintos ámbitos que se van a interponer contra esta ley.

Como último apunte en este artículo, mencionar que en materia laboral la tasa se ha establecido únicamente para los recursos de suplicación (500 € de cuota fija aparte de la variable) y de casación (750 € de cuota fija más la variable). En estos casos, cuando el recurrente sea trabajador por cuenta ajena o propia tendrán una exención del 60% de la tasa.

El orden jurisdiccional penal queda excluido del ámbito de esta ley y por tanto no se exigirá tasa alguna para intervenir en procedimientos penales.

Como el tema es muy extenso para un analizarlo con profundidad en un sólo artículo, como he dicho anteriormente en los próximos días iré desglosando en otras entradas los distintos aspectos de esta Ley de tasas recientemente aprobada, quedando mientras tanto a vuestra disposición para responder a cualquier duda que os surja.

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Limitaciones a los pagos en efectivo de importe superior a 2.500 euros.

Una de las medidas más llamativas y sin duda de más trascendencia de las aprobadas en la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es la que aparece en el artículo 7 de la misma referente a la limitación de los pagos en efectivo.

Desde el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la que entra en vigor este artículo, no se podrán pagar en efectivo (en papel moneda, moneda metálica, cheques al portador) las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional y que sean de importe igual o superior a 2.500 euros o a su contravalor en moneda extranjera.

Es importante destacar que la limitación afecta no únicamente a los empresarios o profesionales sino también a los particulares cuando paguen estas cantidades a empresarios o profesionales.

Este límite se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea persona física y justifique que no tiene domicilio fiscal en España ni actúe como empresario o profesional.

Con el fin de evitar posibles trucos que pretendan saltar esta obligación, se indica expresamente que para el cálculo de estos 2.500 euros se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, que si el pago de una operación que supere los 2.500 euros se fracciona en varios pagos de importes inferiores, existe también la prohibición de hacerlos en efectivo.

Esta prohibición viene con una obligación anexa, la de guardar durante un plazo de cinco años el justificante del pago de estas operaciones, así como la de aportar estos justificantes de pago a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta obligación no se aplicará a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito que podrán hacerse por tanto en efectivo por cuantías superiores a la señalada.

Junto con esta obligación se ha establecido un régimen sancionador para el caso de su incumplimiento y uno de los elementos más importantes de este régimen es que la sanción que se ponga por la infracción se dirigirá tanto al pagador como al receptor. Ambos responderán con carácter solidario, es decir que la Administración podrá reclamar a cualquiera de los dos el cobro de la sanción interpuesta.

La infracción se ha tipificado como grave y la sanción consistirá en el 25% de la cuantía pagada en efectivo. Es decir que en su caso más suave, un pago en efectivo de justo 2.500 euros podrá conllevar una sanción de 625 euros.

Se ha establecido una vía de escape para evitar la sanción pero se ha articulado de modo que sólo una de las dos partes podrá evitarla. Si una de las partes intervinientes (el pagador o el receptor del dinero) denuncia la operación realizada en el plazo de tres meses desde que se produjo, no tendrá que soportar la sanción. Para que tenga estos efectos de exclusión de la sanción, en la denuncia deberá indicarse quién es la otra parte interviniente, cuál es la operación realizada y su importe.

La denuncia sólo tendrá efecto para quitar la sanción al denunciante si se realiza dentro de esos tres meses e igualmente se dice que sólo una de las dos partes podrá beneficiarse de esta medida. Si la otra denunciara con posterioridad ya no podría acogerse a este beneficio, sólo lo tendría el primero que denunció.

Hay que recordar que esta sanción lo es únicamente por realizar el pago de una operación en efectivo, con independencia de si esa operación es fraudulenta o no. Es decir que podría tratarse de una operación perfectamente legal como el pago de una factura declarada por ambas partes y sufrir esta sanción. Si por el contrario esta operación ocultara alguna infracción tributaria, además de la sanción expuesta se sumaría la posible sanción por la infracción tributaria cometida.

El plazo de prescripción de esta infracción es de cinco años.

No me cabe duda que esta disposición va a dar mucho que hablar y creará bastantes conflictos con la Administración, sobre todo en los casos en los que exista dudas sobre si varios pagos que sumen más de 2.500 euros corresponden a una misma operación y se entienden que son pagos fraccionados o por el contrario se trata de operaciones independientes.

Habrá que esperar a partir del día 19 de noviembre cuando entre en vigor para ver cuáles van a ser los criterios que se adopten en la aplicación de esta disposición, teniendo en cuenta además que tal como dispone la Disposición Final Quinta de la Ley este artículo resultará de aplicación a partir de dicha fecha incluso aunque los pagos que se realicen desde entonces se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.